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Tras sernos entregadas las viviendas a los seis propietarios de un edificio recién terminado, comprobamos, a los pocos días, que era necesario reunir a la comunidad para realizar las cuestiones más urgentes. Algunos de los vecinos que estábamos realizando la mudanza decidimos colocar un cartel en el portal de entrada para convocar una reunión. A esa reunión asistimos cuatro de los seis propietarios. En ella acordamos aportar todos la misma cantidad extra para los primeros gastos y se eligió un presidente. Unas semanas después, de nuevo mediante la colocación de un cartel en el portal, el presidente convocó a una nueva reunión, en la que se estableció una cuota fija igual para todos, lo cual se plasmó en el libro de actas. Posteriormente se sucedieron varias reuniones, que se desarrollaron con normalidad, en las que se constató que todos los vecinos estaban al día de sus pagos, según el acuerdo adoptado. Incluso uno de los seis propietarios, que no vivía en el edificio, era el único que no había venido a ninguna reunión, pero que, a través de uno de los vecinos iba teniendo conocimiento de los acuerdos, pues realizaba los pagos de su cuota de forma puntual. Tras un año y tres meses de funcionar la comunidad tal como he indicado, el presidente convocó una reunión en la que leyó una carta enviada por el citado propietario, donde exponía su disconformidad con el pago de una cuota igual para todos, exigiendo la aplicación del pago por coeficientes, según la ley. Ésta fue la primera reunión de comunidad a la que asistió en persona. Defendió su postura exponiendo el hecho de que a él no se le había convocado de forma legal, ni se le habían enviado las resoluciones adoptadas en las reuniones, por lo que los acuerdos adoptados en materia de pago de cuotas eran ilegales. Otros propietarios le hicieron ver que no había hecho llegar a los sucesivos presidentes su domicilio o teléfono, para que se pudiesen poner en contacto con él. Si bien, sabíamos del conocimiento y aceptación de lo acordado por la comunidad, pues hasta ese momento lo había estado cumpliendo, sin hacer constar ningún tipo de impugnación.
A partir de ese día, algunos de los propietarios con viviendas más pequeñas apoyaron la pretensión de este vecino, con lo que se ha llegado a una situación de enfrentamiento, en la que no sabemos quién tiene razón y cuál es el camino a seguir desde este momento.

En principio, es evidente que todos los propietarios eran conscientes de la forma de pago -a partes iguales- dado que sus ingresos se correspondían con lo acordado. Los plazos de impugnación de ese acuerdo han prescrito. El hecho de que no le llegaran las actas se subsana si estas fueron publicadas con el tablón de anuncios o lugar establecido al efecto. Aunque como usted dice, si no comunicó un domicilio diferente, se entiende que el domicilio es la propiedad de la finca en cuestión. Este acuerdo de repartir los gastos a partes iguales les obliga a ustedes en concreto y no a terceros -sucesivos dueños, por ej.-, si no se ha inscrito en el Registro de la Propiedad. Para volver al sistema de reparto por coeficientes necesita la misma mayoría que necesitaron para acordar el reparto a partes iguales: unanimidad, es decir, que no haya nadie en contra.

Por otro lado está el tema del buen ambiente vecinal. Aunque tenga usted la razón de su parte en este caso, ¿hay mucha diferencia entre la cuota a partes iguales y la cuota calculada por coeficientes? Si no es excesiva, quizá por el bien de la convivencia usted decidiera que podría ceder ante la solicitud del vecino, que tampoco es desproporcionada. Tenga en cuenta que es posible que tomaran la decisión de participar de los gastos a partes iguales, posiblemente por precipitación y quizá también por desconocimiento del sistema normal de reparto. Si solo hace un año y 3 meses que vive en su nuevo piso, seguramente le quede mucho por vivir ahí, por lo que enfrentarse con otros vecinos por una diferencia económica relativamente pequeña, creemos que no le merece la pena. Pero esta es solo nuestra opinión.